Por décadas la condición de semi-esclavitud de jornaleros
en el extenso Valle de San Quintín fue un secreto a voces, o simplemente un
tema interesante de investigación para los integrantes de la academia “crítica”
y “consciente”.
Sin embargo, el polvorín en el que la riqueza de unos
cuantos se ha fincado ha terminado por incendiarse en sus manos. No se sabe
hasta qué punto la lucha social iniciada en San Quintín vaya tener
repercusiones en cambios sociales que rompan con el actual sistema de explotación
y autoritarismo, no obstante la lucha no puede ser cuestionada por su
legitimidad.
Mucho menos si consideramos la precarización a las que
miles de jornaleros han sido conminados por generaciones.
Por años el sistema político mexicano en su conjunto, con
todas sus instituciones y organismos no ha hecho más que guardar silencio sobre
la condición de los jornaleros en el valle de San Quintín Baja California.
Más allá de esta condición, la zona solo ha sido para ellos
motivo de promoción en inversiones privadas y equipamiento público, en
infraestructura, para así aumentar la capacidad productiva e incentivar la inversión
extranjera, a base de condiciones infra humanas de vida para los jornaleros.
Para el gobierno y la inversión privada el valle no es más
que un centro estratégico de distribución de mercancías agrícolas hacia los
Estados Unidos y hacia los mercados asiáticos; además, entrelineas en el mundo
de la producción se sabe que San Quintín es uno de los paraísos de la sobre
explotación laboral.
Paradójicamente con los beneficios promocionados por el
gobierno y la inversión en infraestructura para las empresas de productores agrícolas,
para los jornaleros no existe más que pobreza extrema, condiciones insalubres
de trabajo, acoso y abuso sexual a las mujeres, explotación infantil,
esclavitud, trata de personas y nulo acceso a seguridad social.
La Alianza Nacional, Estatal y Municipal de Organizaciones
por la Justicia Social, instrumento de lucha de los jornaleros en huelga,
indica que son 13 empresas las cuales otorgan pésimas condiciones laborales
hasta el punto de esclavizarles. Entre ellas se encuentra Agroindustriales del
Valle de San Quintín, Hermanos Rodríguez, Santa María de los Pinos, Compañías Valladolid
y Aragonés Compañías Sabino Becerra y Felipe Ruiz, Los Aragón, Librado Heredia,
Empaques los Martínez, El Capricho, El Rey de los Chícharos, Viva Orgánica,
Compañía Mendoza Delgado, Driscolls.
Estas empresas por el impacto económico han adquirido una
influencia en la política, otras más son parte de familias que por años han
estado relacionadas estrechamente con el poder político en México.
El caso de la familia Rodríguez y el Rancho Los Pinos es emblemático,
ya que uno de sus dueños Antonio Rodríguez se ha beneficiado de la política por
años y en su momento incluso fungió como Secretario de Desarrollo Agropecuario.
Por ello, no extraña la relación de políticos con estas empresas,
incluso se dice que algunos políticos son inversionistas dentro de la empresa
de los Rodríguez. Se dice que Ernesto Zedillo guarda estrecha relación con
dicha familia, lo mismo que Felipe Calderón, e incluso el propio Peña Nieto en
sus giras de trabajo en la región ha aterrizado con su helicóptero en dicho
rancho.
De igual modo, por la cercanía al equipo de Calderón, Kiko
Vega de la Madrid no ha fungido sino como perro guardián de las empresas y
negocios mal habidos que se realizan en San Quintín.
Entendiendo la cercanía de la clase política y empresarial,
no solo de Baja California, sino de México y los Estados Unidos, podemos
comprender como en este México Bárbaro, aún existen cacicazgos y componendas
que se callan y se intentan mantener tras bambalinas como en las mejores épocas
del porfirismo.
Peor aún las condiciones no solventadas de la revolución de
1910, nos llaman a no claudicar, a no callar y a echar abajo a todos los
partidos, empresarios e instituciones que se enriquecen a costa del pueblo
mexicano.
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